El pasado 21 de mayo en 50 ciudades de todos los continentes se
realizaron más de 400 marchas contra la transnacional Monsanto, cabeza
de las corporaciones promotoras de los cultivos transgénicos, o de la
estrategia oligopólica de control de la agricultura mundial.
Después que el estado de Vermont, base del Senador
demócrata Bernie Sanders, aprobó en 2014, una ley de etiquetado
obligatorio para alimentos conteniendo transgénicos, le siguieron los
estados de Connecticut y Maine, así que todo el año pasado los esfuerzos
de los cabilderos se volcaron tratando de evitar que el ejemplo
cundiera en otros estados.
A finales de 2015 la alianza
trasnacional y los conservadores en la Cámara de representantes
aprobaron una ley de etiquetado voluntario (H.R. 1599), pero sobre todo
que limitara las facultades estatales para regularlos a nivel nacional.
La protesta social y científica de más de 600 organizaciones de EE.UU.
que apoyan el etiquetado obligatorio se preguntó, en voz de Wenonah
Hauter una destacada activista: The United States of Monsanto? Y
calificó la maniobra de “otro síntoma de una democracia secuestrada por
los intereses corporativos”.
A principios de 2016 la estrategia
transnacional transgénica se acentuó en el Senado, con un cabildeo de
cerca de 100 millones de dólares repartidos, pero en plena campaña
electoral y con el 88% de la población apoyando el etiquetado
obligatorio, la oposición ciudadana y los votos demócratas derrotaron la
iniciativa (S. 2609) por escaso margen.
Frenada la maniobra
legislativa en EE.UU., la acción se reactivó en dos frentes claves: la
del discurso ideológico avalado por instituciones y científicos
ricamente subsidiados por las corporaciones transgénicas, y sobre todo
en el terreno de imponer las reglas internacionales comerciales, que
mediante los mega-tratados les abrieran las puertas a las exportaciones y
al control alimentario mundial.