La implementación del Acuerdo de paz ha comenzado con la concesión de
un conjunto de beneficios judiciales a los actores involucrados en la
negociación.
Durante las últimas semanas los reflectores se han
posado especialmente sobre la polémica referente a la no aplicación a
los miembros de la guerrilla de la Ley 1820 de 2016 sobre amnistías e indultos. La respuesta del gobierno fue expedir el Decreto 277 de 2017, que busca llenar algunos de los vacíos dejados por la mencionada Ley para permitir su aplicación inmediata.
Sin
embargo el paquete de beneficios judiciales que pronto empezará a ser
aplicado a los miembros de la Fuerza Pública ha pasado desapercibido.
Una lectura atenta de esta Ley y de su Decreto reglamentario nos muestra
que algunas de estas medidas no garantizan de manera eficaz los
derechos de las víctimas y van en contravía de las obligaciones
internacionales del Estado colombiano.
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