Se ha producido en Madrid un hecho de tal gravedad que no conviene pasarlo por alto y que se lo coma la vorágine de información. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha prohibido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, vaya a un instituto público del barrio de San Blas a hablar sobre igualdad el 8 de Marzo. Lo sucedido es muy serio, porque lo normal debería ser el respeto y la lealtad entre instituciones en un país democrático y civilizado, y no el boicot con aires de caza de brujas. No cabe ninguna excusa para ello.
Ayuso y su consejería de Educación intentaron apoyarse en “razones sanitarias” para vetar un acto con un reducido número de alumnas y profesorado al aire libre y con medidas de seguridad. El argumento es absolutamente ridículo en un Gobierno que ha impulsado la política de convertir Madrid en el gran bar de copas y de fiestas de Europa en plena pandemia de coronavirus: cada fin de semana la policía interviene varios centenares de fiestas ilegales y seguro que son miles las no detectadas. Por ello, en cuestión de horas tuvo que cambiar la versión y dijo que era para que “evitar adoctrinamiento”. Vayamos al fondo del asunto.
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