No es ocioso recordar la petición fiscal a la acusada: 12 años de prisión e inhabilitación vitalicia para ocupar cargos públicos. Sin que el fiscal presentara una sola prueba la derecha pensaba sacarse de encima a la indomable lideresa popular, valladar ante sus planes de saqueo de los recursos naturales –el litio en primer lugar- y de desmantelamiento de los derechos políticos, sociales y culturales ganados durante los gobiernos kirchneristas. Planes, debe subrayarse, que son del mayor interés de Estados Unidos, como está más que demostrado, pero quedó otra vez manifiesto en la reciente declaración injerencista de Marc Stanley, embajador de ese país en Buenos Aires.
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