Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos

La criminalización de la protesta social se extiende por todo el mundo. En un contexto de ofensiva del poder corporativo por traspasar las penúltimas fronteras en busca de nichos de rentabilidad, en el marco de la profundización de la crisis estructural del capitalismo, la protección de los derechos humanos queda subordinada a los intereses empresariales. Es así como avanza la destrucción de los derechos sociales y ambientales, junto con la descomposición del sistema internacional de los derechos humanos. Y las personas y organizaciones que se oponen a este estado de cosas están siendo cada vez más perseguidas.

Repsol en Perú: crímenes ecológicos en la “reconstrucción” del capitalismo español

Transición energética sin tocar a las eléctricas, movilidad sostenible sin tocar a las automovilísticas, rehabilitación de viviendas sin tocar a las constructoras, regulación de alquileres sin tocar al capital financiero, alimentación saludable sin tocar a las industrias cárnicas, nueva estrategia de acción exterior sin tocar a “nuestras empresas”. Los grandes empresarios respiran tranquilos, la patronal respalda al gobierno, las fuerzas de seguridad reprimen en ciudades y fronteras, la transición ecológica se queda en un greenwashing de saldo, las corporaciones y fondos de inversión transnacionales reactivan sus negocios y se disponen a recibir los dividendos de otro ciclo corto de crecimiento y acumulación.

El derecho humano al agua es incompatible con su gestión privada

La terrible pandemia del covid-19 que estamos viviendo, nos debería dejar en la memoria colectiva una serie de lecciones inolvidables sobre qué es lo esencial y lo secundario. Ahora tocaría reflexionar sobre la pregunta, ¿qué es lo realmente importante para la Humanidad? Para, a partir de las respuestas, cambiar el orden de prioridades. Algo que no es nada fácil cuando el bien común choca con el lucro privado. Veamos qué está pasando con un bien esencial como el agua.