El 7 de octubre se informó
que los rebeldes hutíes del Yemen y su aliado, el expresidente Ali
Abdullah Saleh, habían aceptado un plan de paz auspiciado por la ONU en
Omán, así como la resolución nº 2216 del Consejo de Seguridad de abril de este año. Saleh reiteró
su aceptación en una entrevista por televisión cinco días después,
añadiendo que estaba dispuesto a renunciar a su liderazgo en el partido
más grande del Yemen, el Congreso General del Pueblo, para facilitar el
fin del conflicto.
Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, estuvo acertado al tildar
esa actitud de “paso importante”, y el gobierno del Yemen reconocido
internacionalmente y sus aliados deberían haberlo admitido en ese
sentido. Todo el tiempo habían venido insistiendo en que el fin del
conflicto debería basarse en la aceptación previa de la resolución 2216.
La resolución reafirmaba la “legitimidad” del presidente Abd
Rabbuh Mansur Hadi, manifestaba su alarma por la “escalada militar” de
los hutíes y condenaba “en los términos más enérgicos” sus “acciones
unilaterales en curso”.
También exigía que los hutíes “pusieran
fin incondicionalmente y de inmediato… al uso de la violencia;
retiraran sus fuerzas de todas las zonas que hubieran tomado, incluida
la capital Sanaa; renunciaran a todas las armas incautadas en
instituciones militares y de seguridad” y “se abstuvieran de cualquier
provocación o amenazas a los países vecinos”.
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