En la noche del lunes el Parlamento israelí aprobó la ley de
legalización, una pieza de legislación tan sospechosa como su propio
título indica. La ley amplía las competencias de los funcionarios
israelíes para aprovechar los últimos fragmentos de tierra palestina en
Cisjordania que se supone que está fuera de los límites.
Los
líderes palestinos advirtieron de que la ley martilló el último clavo en
el ataúd de una solución de dos estados. Los ministros del Gobierno
alegremente estuvieron de acuerdo. Para ellos esta es la extensión de la
ley israelí en Cisjordania y el primer paso hacia su anexión formal.
La ley de legalización -también traducido del hebreo comúnmente como la
ley de regulación o validación- fue la respuesta contundente de la
derecha al desalojo de la semana pasada de unas pocas docenas de
familias de un "puesto de avanzada" en asentamiento llamado Amona. Fue
un revés raro y breve para los colonos provocado por un fallo judicial
que tomó tres años en hacerse cumplir.
La evacuación de 40
familias se transformó en una costosa pieza de teatro político de 40
millones de dólares. Fue coreografiada como un trauma nacional para
garantizar que tal evento no se repita nunca.
Los uniformes
usados por la policía en las demoliciones de viviendas palestinas
-pistolas, porras, chalecos antibalas negro y viseras- se almacenaron
lejos. En cambio los oficiales, vestidos con amistosas camisetas azules y
gorras de béisbol, manejaron a los transgresores de la ley judía con
guantes de seda, incluso cuando se enfrentaban a una lluvia de piedras,
lejía y botellas. Al final decenas de agentes necesitaron tratamiento
hospitalario.
A medida que se desarrollaban los enfrentamientos Naftali Bennett, ministro de Educación y líder del partido de los colonos hogar judío,
llamó a las familias de Amona "héroes". El primer ministro Benjamin
Netanyahu enfatizó: "Todos somos conscientes de la magnitud de su
dolor".
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