El juez Pablo Llarena ratificó hoy la condena de prisión para el
expresident Oriol Junqueras, el ex consejero del Interior Joaquim Forn y
los dos Jordis (líderes de la ANC y Omnium) lo que pone de manifiesto
la judialización de la política española y la falta de madurez de la
democracia española.
Poco después de conocerse el dictamen de
Llarena, que dejó en libertad condicional bajo fianza de 100.000 euros a
seis exconsellers, el juez belga que instruye el caso de Puigdemont y
los cuatro miembros del Govern que le acompañan en “el exilio belga”,
pospuso hasta el 14 de diciembre su decisión sobre la orden de
extradición emitida por la jueza Carme Lamela el pasado 3 de noviembre.
La
defensa de Puigdemont y de los ex consellers Antoni Comín, Clara
Ponsati, Lluís Puig y Merixell Serret, alegó durante la vista del juicio
de esta mañana -que se prolongó durante casi cuatro horas- que sus
clientes no tienen “garantías de un juicio justo” en España donde,
remachó, flaquean los Derechos Humanos.
Todos los implicados en
la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de
octubre fueron encarcelados por sus actividades políticas (legales en
Cataluña e ilegales en el resto del territorio español) por lo que el
conflicto entre ambas partes debió tener una solución política (en el
peor de los casos sanciones políticas). Dejar el caso “en manos de los
jueces” podría interpretarse como el resultado de un “grave déficit”
democrático.
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