El tsunami

[etimología] Del japonés, “Tsu” que significa puerto y “Nami” que significa ola. Es decir, millones de pequeñas gotas organizadas en una única ola con energía suficiente para transformar el lugar donde llegará.

[relato] Decidieron votar su pertenencia, y lo prohibieron. Decidieron manifestarse contra el cambio climático, y los encarcelaron. Decidieron salvar vidas, y lo impidieron. Decidieron hablar libremente, y les llamaron terroristas. Han decidido decidir por ti.

[microrrelato] Cuando despertó la Violencia, la Policía estaba allí.

[proverbio] Cuando la Política es mala, la Policía no funciona. Cuando la Política es buena, la Policía no es necesaria.

[grafiti] El ministro exigió saber quién estaba detrás de las pintadas. Detrás, le explicaron, está la pared. Y la encarceló.

[cita] “Hay libertad de expresión. Lo que no garantizo es que haya libertad después de expresarse”. Idi Amin. Dictador ugandés

[reclamación] Gobierno de España, tienes armas, tienes el poder, tienes palacios, ¿no tienes una mesa? Pues búscala.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Cuando despertó, la solución federal estaba allí

El problema de los independentistas es que se han quedado sin relato más allá de la denuncia de “la represión”. Y, lo que es peor, sin plan. Atenazados por el temor a ser tildados de traidores, los dirigentes más lúcidos no se atreven a decir a los suyos que el emperador va desnudo.

Diez tesis sobre la situación política catalana

Estas tesis tienen un objetivo limitado: estimular la discusión. He intentado utilizar el menor número de palabras para plantear las cuestiones que, un año después del 27-O, me parecen fundamentales para entender y empezar a cambiar la situación política catalana, con la idea de que la brevedad podía facilitar la discusión. Esto ha significado dejar de lado otras cuestiones interesantes, reducir drásticamente la argumentación y renunciar a muchos matices que he tratado en otros artículos. Si los lectores se sienten estimulados a dar sus propias respuestas, aunque sean divergentes, habrá valido la pena.

Estatus jurídico de Puigdemont

Carles Puigdemont es ciudadano español. Es posible que prefiriera no serlo. Pero lo es. Y en cuanto tal, es titular de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a circular libremente por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente del mismo (art. 19 CE).

El ejercicio de ese derecho únicamente puede verse limitado mediante una decisión judicial. Cuando un juez entienda que hay indicios racionales de criminalidad en la conducta de Carles Puigdemont, puede proceder contra él y adoptar las medidas que, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, estime pertinentes.

“En Catalunya está en juego un proyecto alternativo para toda España”

Desde hace meses, los comunes, liderados por Xavier Domènech, vienen reclamando un frente en Catalunya en favor de los derechos civiles y libertades públicas en Catalunya, en contra de la aplicación del 155 y en busca de una solución política al conflicto catalán a través de un referéndum pactado con el Estado.

Este amplio sujeto político y social ha confluido en las calles catalanas durante los últimos meses en varias ocasiones: durante las manifestaciones de condena de las detenciones de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por ejemplo, o durante el propio 1-O, cuando dos millones de personas votaron en el referéndum. Un referéndum que para los independentistas, en aquel entonces, debía tener unos resultados vinculantes, mientras que, para los comunes, era una movilización social.

Sin embargo, esta unidad de acción en la calle que se veía en algunas respuestas a las actuaciones judiciales, policiales y del Gobierno del PP, se rompía cuando las fuerzas independentistas ahondaban en su estrategia unilateral, mientras que desde Madrid se optaba, cada vez más, por la mano dura.

Llega España

[1] Decía Heráclito que el carácter es el destino. Quizá sería más exacto –aunque suene excesivamente rotundo– afirmar que la geografía es el destino. Como sugiere Pierre Vilar en las primeras páginas de Historia de España (Libraire Espagnole, París, 1963) es la misma estructura física de la península la que invita a la fragmentación; territorial y políticamente hablando, al federalismo. Dicho rápidamente: aquí nos vamos a meter con la fealdad, la maldad y la estupidez del unitarismo español: España no existe (como nación); son los padres (de la Constitución del 78). La construcción radial y la vertebración a la fuerza desde la Corte del Reino suponen una ordenación completamente artificial [2]. España no existe pero se podría inventar haciendo una especie de bricolaje histórico y dando una función directiva a la periferia. Con las oligarquías centrales ya sabemos lo que hay. La tensión entre lo que llama Vilar “la Iberia marítima”, con una demografía y economía favorables, y la “voluntad persistente de dirección” de Madrid, tiene que resolverse de una forma justa, antes de que se llegue a un punto de no retorno entre pueblos hermanos y se vaya todo a la mierda. En esto último, el Partido Popular y Ciudadanos, con la complicidad del PSOE, se están empleando a fondo, empeñados, al parecer, en utilizar el independentismo como antígeno insuperable frente a la Antiespaña.

El juez envía a prisión a Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa por riesgo de fuga

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

Llarena ha tomado esta decisión al término de una vista de medidas cautelares en el alto tribunal en la que ha atendido la petición de Fiscalía y de la acusación popular ejercida por Vox que han solicitado previamente prisión incondicional para todos ellos.

El juez aprecia un grave riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, en un momento en el que las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados, informa Julia Pérez.

Los líderes soberanistas se unirán así al exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller Joaquim Forn, al expresidente de ANC, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, por lo que todos los procesados por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel, estarán en prisión provisional salvo los cuatro fugados que son el expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsati.

La insuficiente representatividad del Parlament

Dicho pronto y rápido en estos tiempos de gripe: el Parlament de Cataluña está gripado. Pero gripado no por virus —aunque también: ¿no será un virus el secesionismo?—, sino gripado como lo están los motores. ¿Cómo puede estar gripado un parlamento? Puede estarlo cuando su composición no se aviene con la población electoral. Entendámonos: se trata de un problema previo a las opciones políticas, de un problema de definición de la representatividad.

Trataré de explicarme: primero los antecedentes históricos, y luego las consecuencias.

El Estatut de Sau -¿os acordáis? Me refiero al primer Estatut de Autonomía en el régimen de libertades, allá por 1979- tenía unas disposiciones transitorias. Entre ellas una relativa a las elecciones al Parlament de Catalunya. Transitorias: eran disposiciones necesarias al no haber normativa al respecto, pero se suponía que el Parlament legislaría sobre esas cuestiones, dejando atrás la transitoriedad.

Sin embargo el Parlament nunca lo ha hecho, a pesar de que hubo no pocas peticiones que lo demandaban. No hay ley electoral catalana: en el oasis catalán vale la ley electoral general española con las precisiones establecidas por la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto de 1979, que el vigente, de 2008, declara subsistentes y en vigor.

La desaparición de la izquierda en Cataluña

Uno de los curiosos fenómenos de la situación catalana consiste en entender por qué todos los debates de los últimos meses se han desarrollado en torno a aquello que antiguamente se denominaba "la cuestión nacional" y ahora se llama según los casos independentismo, secesión o derecho a decidir. No es baladí que los argumentos se refieran como autoridad de la izquierda a la personalidad de Antonio Gramsci, un sardo para quien la cuestión nacional sólo interesaba a partir de las consecuencias de la unificación de Italia. Sin embargo está ausente la reflexión permanente de Rosa Luxemburg, una polaca judía con residencia alemana.

¿Catalunya o Cataluña? Acerca del conflicto político-territorial de España

El Régimen del ‘78 vigente en España
 

La historia de España como estado-nación pone en evidencia la imposibilidad de crear un sentimiento de pertenencia transversal a las clases sociales e integrador de las diferencias territoriales que lo componen. Desde sus orígenes, los pueblos no castellanos se han resistido al establecimiento de una España homogeneizante, mediante la defensa de los idiomas propios como lo más palpable en la construcción local de un conjunto amplio de instituciones y costumbres, todas las que participan en una política intrarregional, con dinámicas particulares y produciendo identidades diferenciadas a las que representa Madrid como centro político del país.

Así ha evolucionado el gasto en educación y sanidad en los años del proceso soberanista

El curso escolar de 2012 empezó en Catalunya con 3.000 docentes menos para atender a 30.000 alumnos más. Fue tan solo un día después de la masiva manifestación del 11 de Septiembre que se cuenta como el despegue del proceso soberanista. El viraje hacia la independencia de buena parte de sociedad catalana coincidió con la época de drásticos recortes del gasto social; ahora, cinco años después, las partidas de Educación o Sanidad viven un repunte, aunque todavía no llegan a cifras previas a la crisis. Así lo muestran las cuentas de la Generalitat.

21-D, Cataluña

El 21-D en Cataluña, España y Europa es muy importante pero no me desvelaré por los resultados, prefiero cantar villancicos porque la cosa está bien clara: si los catalanes quieren ser un país independiente tendrán que enfrentarse a la vieja Castilla, personificada en Rajoy, y a una Europa que no acaba de hallar su identidad y encima no se va a complicar con que le salgan otras zonas queriendo ir a su bola y no someterse a la confusión oficial que es una mezcla de posmodernismo y neoliberalismo, o sea, nada.

Intento fallido del independentismo catalán

Las elecciones del próximo día 21 van a cerrar una etapa de la política catalana. Nadie ignora que ha concluido una operación política de grueso calibre. El independentismo catalán no renuncia a su razón de ser: la puesta en marcha de un proceso secesionista que, por una u otra vía, desemboque en la independencia de Cataluña. Quienes tienen este ideal están en su derecho cuando lo defienden. Pero la ofensiva que ha ocupado el último lustro ha fracasado; se abre un nuevo ciclo.

Patriotismo republicano en una España plurinacional

La visión uninacional que se impuso tras la guerra civil y que permaneció con la restauración borbónica sigue contando con el apoyo de las fuerzas políticas que sostienen el régimen del 78. Los símbolos de aquel modelo de España también concitan apoyos importantes entre la población. Pero no por ello deja de mostrar cierto declive y desafección en los territorios periféricos y entre sectores de la población que ya no entienden muy bien qué se está haciendo con la comunidad en la que viven y qué España debe proyectarse hacia el futuro.

En efecto, a la crisis territorial evidenciada ahora con el conflicto catalán se ha unido el importante incremento de las desigualdades sociales –que sitúan a España con el mayor índice de Europa– y la pérdida de soberanía en favor de instituciones europeas o como consecuencia de la firma de tratados internacionales como el CETA (u otros, como sucederá con el TTIP). Además, las políticas de ajuste y el adelgazamiento de los servicios públicos, debilitando el ya insuficiente Estado del bienestar, la pérdida de calidad del trabajo asalariado unido a la importante fuga de capitales hacia paraísos fiscales protagonizado por las élites, nos devuelve la pregunta –una vez más– que ya inquietaba a finales del XIX: ¿qué es España?

No es suficiente apelar a los símbolos tradicionales y la religión tampoco otorga ahora el papel conformador en lo ideológico que ha servido desde el 39. A pesar de la euforia del momento expresado en el rechazo al secesionismo, el problema sigue estando presente y vivido con preocupación. Las propuestas sobre el modelo de país que se necesita tendrán que replantearse si se quiere entrar en un horizonte de futuro que la ciudadanía asuma como un proyecto propio.

Las corrientes conservadoras y liberales (PP, C´s y, en lo fundamental, también el PSOE), no ofrecen más perspectiva que el mantenimiento del statu quo económico y político que ha interesado a las élites (el régimen del 78) y la inserción en el proceso de unificación –globalización– económica de los mercados y la cesión de soberanía en favor de ellos. Así, las instituciones políticas del Estado solo le interesan como garantes del funcionamiento del sistema. Para ello, además, incrementan el control ideológico y represivo en todos los ámbitos de la vida social (incluidas la redes), sustentado también desde la práctica totalidad de los medios de comunicación.

Hacia el 21-D, la campaña de la criminalización

Arranca la campaña electoral de unos comicios atípicos que reconfiguraran el sistema de partidos en Cataluña y las posteriores hojas de ruta. La maquinaria electoral se pone en marcha de cara a un 21-D, donde la lógica que se impone es la de un doble plebiscito, respecto al 155 y sobre la independencia. Unas elecciones como intento de restauración o como profundización en la crisis del régimen del 78.

El gobierno español intenta, por todos los medios, que la convocatoria del 21-D aparente una imposible normalidad democrática. Una convocatoria electoral impuesta por Rajoy –previo cese del Govern y disolución del Parlament–, con la aplicación de la suspensión del autogobierno en marcha, con presos políticos y candidatos exiliados, y con la amenaza de la continuidad del 155 -si vuelve a haber una mayoría independentista-.

La campaña arranca con miles de personas en las plazas de los ayuntamientos de Cataluña como muestra de rechazo por la continuidad de Junqueras, Forn y los Jordis en la prisión. La decisión del juez del Tribunal Supremo es la de mantener cuatro encarcelados, uno de ERC, uno del PDeCAT, uno de Omnium y uno de la ANC, por un supuesto riesgo de reiteración delictiva, mientras que el resto de consejeros han sido puestos en libertad bajo fianza y con otras medidas cautelares. Una arbitrariedad judicial que no se entiende, si no es por una cuestión de revancha del Estado, a la vez que para intentar incidir en la opinión pública española y europea de que el movimiento independentista catalán es violento. En este sentido, por un lado, el juez argumenta que la prisión sin fianza es para prevenir la reiteración “de una explosión violenta” y lo vincula directamente a lo que denomina “asedio” a la consejería de Economía que se produjo en Barcelona el 20-S. Por otro lado, desde algunos espacios, el intento de mostrar una cara agresiva y violenta del independentismo viene de la mano de los deplorables hechos publicados por Sociedad Civil Catalana, donde se simulaba el ahorcamiento de votantes unionistas. Una criminalización del movimiento independentista en general, que desde las grandes movilizaciones de 2012 hasta ahora siempre ha sido pacífico, y una estigmatización de la izquierda independentista en particular, para intentar cambiar el relato de la realidad que no es otro que el Estado ejerció una violencia extrema para intentar impedir el referéndum del 1-O. Parece ser que todo vale contra quien cuestiona, pacífica y democráticamente, la unidad del Estado español. Todo ello en una continuación de la deriva autoritaria.

El conflicto catalán y la pulsión autoritaria

No es sencillo escribir sobre el conflicto catalán y sus consecuencias. La intensa aceleración de lo real en la que hemos vivido en los últimos tres meses, la previsibilidad de nuevos acontecimientos y la pléyade de análisis políticos y jurídicos (muy raramente político-jurídicos) sobre el caso dificultan decir algo que evite el riesgo de la cacofonía.

Tal vez por nuestro compromiso desde hace lustros con los derechos humanos y la moderación del control social, uno de los interrogantes que más nos ha interesado es el de cómo responderían el Gobierno español y su bloque hegemónico en términos de castigo.

Hoy ya tenemos buena parte de la respuesta. En un contexto en el que la política ha tenido un papel muy secundario, la respuesta estatal ha combinado momentos de intervención policial aguerrida con la imputación de gravísimos delitos a dos docenas de líderes catalanes –la mayor parte electos– y el procesamiento de cientos de personas por sedicentes conductas de odio.

En el momento de escribir estas líneas, diez líderes políticos y sociales catalanes están o han pasado por prisión, y cinco más han buscado refugio en Bruselas. Todo ello en el marco de la suspensión de los poderes autonómicos catalanes, vehiculada mediante una interpretación probablemente inconstitucional de una norma, el artículo 155, cuya legitimidad y sentido son hoy, cuarenta años de evolución federalizante del Estado después, altamente cuestionables.

La similitud de esta respuesta con lo sucedido en octubre de 1934 –componente militar aparte– evidencia que, al menos en el caso español, Norbert Elias y toda la narrativa moderna del progreso parecen tener escaso sentido. Frente a ello, la crisis del bloque histórico que ha gobernado el modelo político del 78 se acomoda más bien a la famosa frase de Gramsci sobre las consecuencias de las crisis políticas.

España contra España

En el debate histórico de 1932 donde la República aprobó el primer Estatuto de Autonomía en España, Manuel Azaña, ante la campaña “patriótica” de la derecha contra la aprobación del nuevo Estatuto para Cataluña, dijo solemnemente que “ningún programa político tiene escrita su solución en el código del patriotismo”.

Podríamos repetir sus palabras 85 años después, porque la actual movilización patriótica españolista contra el movimiento soberanista catalán ha sido extraordinaria, siendo conscientes que esa no es la solución, es el problema. Sin diálogo, sin respeto y sin pacto, el catalanismo, el nacionalismo catalán, no se sentirá integrado en nuestro país, y la desafección y el desencuentro impedirán el progreso democrático de España.

Y ya sabemos que no hubo ni diálogo, ni respeto, ni pacto con Cataluña, al revés, el gobierno del PP ha tenido una actuación negacionista frente al intento catalán de potenciar su autogobierno primero, y de declarar la independencia después, negacionismo españolista que como respuesta ha provocado la fuga hacia delante del catalanismo, esto es, la derecha española ha puesto en marcha una dinámica de polarización bien conocida desde hace un siglo, pues ya en 1927 el líder histórico del nacionalismo conservador catalán Francesc Cambó, en su libro Per la Concordia , dejó escrito que “cuando el encono contra Cataluña se acentúa, cuando en ésta se debilita la esperanza de una solución armónica del pleito catalán, entonces la irritación y la desesperanza engendran en el espíritu de muchos catalanes un sentimiento secesionista”. Fue lo que pasó entonces en Cataluña frente a la dictadura de Primo de Rivera, y es también lo que pasó estos años frente al gobierno de España con el “pleito catalán”.

La judicialización de la política pone en tela de juicio la madurez de la democracia española

El juez Pablo Llarena ratificó hoy la condena de prisión para el expresident Oriol Junqueras, el ex consejero del Interior Joaquim Forn y los dos Jordis (líderes de la ANC y Omnium) lo que pone de manifiesto la judialización de la política española y la falta de madurez de la democracia española.

Poco después de conocerse el dictamen de Llarena, que dejó en libertad condicional bajo fianza de 100.000 euros a seis exconsellers, el juez belga que instruye el caso de Puigdemont y los cuatro miembros del Govern que le acompañan en “el exilio belga”, pospuso hasta el 14 de diciembre su decisión sobre la orden de extradición emitida por la jueza Carme Lamela el pasado 3 de noviembre.

La defensa de Puigdemont y de los ex consellers Antoni Comín, Clara Ponsati, Lluís Puig y Merixell Serret, alegó durante la vista del juicio de esta mañana -que se prolongó durante casi cuatro horas- que sus clientes no tienen “garantías de un juicio justo” en España donde, remachó, flaquean los Derechos Humanos.

Todos los implicados en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de octubre fueron encarcelados por sus actividades políticas (legales en Cataluña e ilegales en el resto del territorio español) por lo que el conflicto entre ambas partes debió tener una solución política (en el peor de los casos sanciones políticas). Dejar el caso “en manos de los jueces” podría interpretarse como el resultado de un “grave déficit” democrático.

Sobre el nacionalismo español

España es una nación porque millones de personas se sienten nacionalmente españolas. Este componente subjetivo hace que esto sea innegable. Sin embargo, también pareciera que es una nación "fallida", mal construida, en la que ni sus élites ni sus intelectuales han sabido erigir una idea nacional uniforme y moderna al estilo francés, ni mucho menos han tenido la capacidad para comprender la plurinacionalidad como realidad de España. Ni han impuesto "ilustradamente" ni han construido y seducido democráticamente.

Por el contrario, España se edificó sobre el viejo solar castellano, imponiendo por la fuerza de las armas su hegemonía al resto de naciones peninsulares. Así, España, lejos de ser una suma de los pueblos que la componen, continúa instituyéndose sobre el dominio del nacionalismo oligárquico castellano sobre los demás.

Esto hace que el nacionalismo español viva en una esquizofrenia permanente. Asegura que Cataluña es parte constitutiva de España pero a la vez que es necesario "españolizar a los niños catalanes”. La quiere consigo, pero obligándola a dejar de ser ella misma. Quiere una Cataluña castellanizada para afirmar el dominio de su idea uniforme de España. Tratando de afirmar su españolidad, la niegan. Pues muestran a las claras que la españolidad de Cataluña se basa solo en la fuerza por la que a lo largo de la historia los restos del viejo Imperio han conseguido mantenerla consigo, pero sin asimilarla jamás.

El Parlament declara la República catalana

El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado hoy instar a la Generalitat a declarar la República catalana y poner en marcha las leyes necesarias para crear el nuevo Estado. La cámara, que se reunía para debatir la respuesta a la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español, ha dado luz verde, con 70 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones, a la propuesta presentada por Junts pel Sí (JxS) y las Candidatures d’Unitat Popular (CUP). Los diputados del PSC, Ciutadans y Partido Popular han abandonado el hemiciclo antes de la votación.

La sesión se ha celebrado mientras en el Senado se debatían las medidas que conllevará la aplicación del artículo 155, que incluye el cese del presidente y miembros del Gobierno catalán y la intervención de las instituciones autonómicas. “Hemos ofrecido negociación y diálogo y nos han contestado con el artículo 155 de la Constitución y la eliminación del autogobierno: la respuesta ha sido de una contundencia política similar al uso de la fuerza del día 1 de octubre”, afirman JxS y la CUP en su propuesta.