Del happening secesionista a la más absoluta miseria

En política lo han perdido todo y siguen hacia el precipicio, pues parecen incapaces de virar. Empecinados. O tal vez carezcan de timón. Conservan la capacidad de movilizar a los fieles. O quizá éstos se movilizan solos, ay ay, ay. Que la sangre no llegue al río.

El independentismo catalán actúa como si no se diera cuenta de que ha sido derrotado políticamente y de que su ruidosa hegemonía social es sin embargo limitada, pues su modo de actuar le contrapone a la mayoría de la población de Cataluña y se la enajena.

El independentismo buscó legitimación para un proyecto ilegal en un simulacro de referéndum, el happening social del 1 de octubre de 2017: convocó a la población catalana a un referéndum ilegal, a sabiendas de que además no había censo, ni urnas transparentes y vacías, ni mesas electorales sorteadas, pudiéndose votar en cualquier parte, sin recuento fiable. Un falso referéndum sin garantías.

La insuficiente representatividad del Parlament

Dicho pronto y rápido en estos tiempos de gripe: el Parlament de Cataluña está gripado. Pero gripado no por virus —aunque también: ¿no será un virus el secesionismo?—, sino gripado como lo están los motores. ¿Cómo puede estar gripado un parlamento? Puede estarlo cuando su composición no se aviene con la población electoral. Entendámonos: se trata de un problema previo a las opciones políticas, de un problema de definición de la representatividad.

Trataré de explicarme: primero los antecedentes históricos, y luego las consecuencias.

El Estatut de Sau -¿os acordáis? Me refiero al primer Estatut de Autonomía en el régimen de libertades, allá por 1979- tenía unas disposiciones transitorias. Entre ellas una relativa a las elecciones al Parlament de Catalunya. Transitorias: eran disposiciones necesarias al no haber normativa al respecto, pero se suponía que el Parlament legislaría sobre esas cuestiones, dejando atrás la transitoriedad.

Sin embargo el Parlament nunca lo ha hecho, a pesar de que hubo no pocas peticiones que lo demandaban. No hay ley electoral catalana: en el oasis catalán vale la ley electoral general española con las precisiones establecidas por la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto de 1979, que el vigente, de 2008, declara subsistentes y en vigor.

Cómo se llegó a la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 fue el pacto expreso resultante de un compromiso tácito entre dos impotencias: la impotencia de los franquistas para prolongar la dictadura sin Franco y la impotencia de la oposición verdaderamente democrática para imponer una democracia avanzada. Por eso la Constitución se cerró con luces y sombras. Luces, las libertades democráticas y los derechos; sombras, un régimen político inacabado, hermético a las demandas populares y lleno de opacidades.

El proceso de cambio de régimen no fue precisamente idílico, pues se dieron fuertes dosis de violencia política de origen diverso. Entre 1975 y 1983 hubo 591 muertos por violencia política y la policía cargó contra 788 manifestaciones. Hubo 188 muertos por violencia de origen institucional, entre ellos, 8 personas asesinadas en la cárcel o en comisaría, y 30 asesinadas después de haber sido aprobada la Constitución. ETA llevó sus atentados al paroxismo: 344 atentados, seguida por 51 de los GRAPO. Casi todos contra exponentes del régimen saliente. Por si fuera poco, los servicios secretos colaboraron en la creación de un clima de temor que disuadiera de un triunfo de la izquierda en las primeras elecciones democráticas. Lo que sigue ha de leerse sobre este fondo.

El hic rhodus del proceso constituyente era el problema de la legitimidad puramente franquista de un monarca designado saltándose la línea dinástica de la casa de Borbón. Eso no había sido un capricho o una preferencia personal. Franco y sus generales introdujeron con ello, en la cúspide del régimen más o menos democrático que sucedería a la dictadura, su propia legitimidad pretendida, la que presentaba como legítimo el golpe de Estado de 1936, y con ella la intangibilidad de las responsabilidades que se pudieran exigir por ese golpe, por la guerra civil, el genocidio posterior y el trato como a no-personas de los oponentes políticos. Todo eso se daba como legítimo con la instauración, y de ello era manifiestamente consciente Juan Carlos de Borbón al aceptar la sucesión a título de rey en 1969: "Recibo de su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios, para que nuestra patria encauzara de nuevo su destino".