La consejera de Estado de Myanmar Aung San Suu Kye en la ceremonia de apertura del Centro de Innovación en Yangon, 17 julio 2019
(Foto Thet Aung/AFP/Getty Images)
¿No es hora ya de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyie, sea llevada ante el Tribunal Penal Internacional por
crímenes de guerra y genocidio?
Este domingo se cumplen dos años
desde que el ejército birmano, el Tatmadaw, llegó al estado de Rakhine,
en el oeste de Myanmar, para lanzar una renovada campaña de terror y violencia contra la minoría musulmana rohinyá, perseguida en el país desde hace mucho tiempo. Soldados y justicieros birmanos perpetraron crímenes indescriptibles: hombres asesinados a hachazos; niños quemados vivos; mujeres y niñas violadas y agredidas sexualmente por cientos y miles. Decenas de aldeas fueron saqueadas y arrasadas mientras más de 700.000 rohinyá eran expulsados de sus hogares. Una estimación cautelosa de los muertos fija la cifra en más de 10.000.
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