El «Todo es ETA» de Aznar que llevó a la cárcel a periodistas y abogados se reactiva con nuevas acusaciones

 

La Audiencia Nacional juzgará el lunes al supuesto «frente jurídico de ETA» mientras tramita otro sumario contra seis miembros de Sortu a los que acusa de organizar «ongi etorris». Desde 1998 ha habido 12 causas con un alto número de imputados, entre los que se encontraban políticos, responsables de periódicos o activistas por los derechos de los reclusos.

La pregunta sonó un poco a desafío y otro poco a confesión. «¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever?», lanzó el entonces presidente José María Aznar un 22 de julio de 1998, exactamente siete días después de que la Policía Nacional irrumpiese en la sede del diario Egin y detuviese a varios de sus responsables por orden de la Audiencia Nacional y, según confirmó Aznar, con la bendición del Gobierno del PP. Aquello sería el inicio de una larga campaña policial y judicial contra periodistas, políticos o abogados. Varias redadas después, el «Todo es ETA» vuelve a los tribunales con nuevas amenazas de prisión

Juan Carlos I ordenó que España fuese el primer país en reconocer el régimen de Videla

 Nada más producirse el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el rey exhortó al embajador que se apresurase a entregar el aval oficial a la dictadura. Distintos documentos oficiales muestran las excelentes relaciones que se establecieron entonces entre la España de la transición y la Junta de militares, responsable de miles de crímenes.

Del sufrimiento cercano al terror generalizado. Del horror de un caso concreto al drama de otros 30.000 seres humanos ejecutados, de forma diferente y atroz, por el terrorismo de estado que lideró Jorge Rafael Videla. El editor de libros Alberto Santiago Burnichón fue una de las primeras víctimas de la dictadura argentina. Lo secuestraron un 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de estado. Al día siguiente apareció dentro de un pozo con siete disparos en la garganta.

Un poco antes o un poco después de que Burnichón fuera asesinado en la ciudad argentina de Córdoba, el embajador de España en Buenos Aires, Gregorio Marañón, batía el récord de la vergüenza: siguiendo instrucciones del rey Juan Carlos I, este país se convertía en el primero que reconocía oficialmente a la dictadura de Videla, que mediante un golpe de estado había desalojado del poder a María Estela Martínez de Perón.

Así garantiza España el libre enaltecimiento de la dictadura

 

Durante 2020 hubo al menos 50 actos de enaltecimiento del franquismo en distintos puntos del país, sin que sus organizadores enfrentasen trabas de ningún tipo. El próximo domingo 28 está convocado un mitin para celebrar la caída de Madrid en manos de los sublevados, algo impensable en otros países europeos.

El autobús franquista vuelve a ponerse en marcha. El próximo día 28, el Movimiento Católico Español (MCE) hará un tour por Madrid para celebrar su «liberación», término empleado por este grupo ultraderechista para referirse a la caída de la capital en manos de la dictadura. Este nuevo acto de apología de los crímenes del franquismo correrá la misma suerte que los otros 50 que se celebraron en 2020: no habrá ninguna actuación del Estado para impedir una nueva afrenta a las víctimas del franquismo.

España vendió material antidisturbios para reprimir la ola de protesta global que dejó muertos y heridos en varios países

 El Gobierno justifica la exportación de material militar a distintos países cuestionados por las actuaciones de sus cuerpos de seguridad. En el listado figuran los Antidisturbios de Chile y Perú, acusados de violaciones a los derechos humanos por sus actuaciones represivas contra manifestantes. También hubo ventas de cartuchos lacrimógenos a Túnez.

Haykal Rachdi tenía 21 años. El pasado 18 de enero, agentes de la Policía de Túnez le lanzaron un bote de gas lacrimógeno a corta distancia. Haykal participaba en la ola de protestas sociales que durante las últimas semanas atravesó ese país. La muerte llegó siete días después a causa de las heridas. Otro joven, Aymen Mahmoudi, tuvo más suerte: hoy se recupera de las graves heridas provocadas en la cara por otro bote lacrimógeno. 

Los nombres de Haykal y Aymen figuran en un reciente comunicado de Amnistía Internacional que denuncia, precisamente, la mala utilización de ese tipo de armamento por los cuerpos policiales. En el caso de Túnez, las miradas se dirigen también a España: según consta en una respuesta escrita del Gobierno enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, este país vendió cartuchos lacrimógenos a la Policía tunecina en 2019 por un importe de 85.176 euros

La mayoría de la población española respalda prohibir las armas nucleares pese a la negativa del Gobierno

 Una encuesta señala que el 89% de la ciudadanía está a favor de que España se sume al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que entra en vigor este viernes. La OTAN y Estados Unidos rechazan el contenido del acuerdo.

El rechazo internacional a la producción de armas nucleares ya tiene forma de tratado. Este viernes entra en vigor el acuerdo ratificado por más de medio centenar de países que directamente prohíbe, por primera vez en la historia, la fabricación de ese tipo de armamento. España sigue fuera del listado de firmantes, algo que, según una reciente encuesta, choca con los deseos de la mayoría de la población.

La Ley de Transparencia choca con Juan Carlos I: el Gobierno veta las preguntas que afectan al emérito

 

La Secretaría General de Presidencia rechaza distintas peticiones de información formuladas a través del Portal de Transparencia. En todos los casos alega razones de «seguridad» que afectarían tanto al Estado como al exmonarca.

En La Zarzuela o en Emiratos Árabes, el rey emérito sigue protegido por un largo y espeso manto de silencio oficial. Desde julio pasado, el Gobierno ha vetado al menos tres preguntas formuladas a través del Portal de Transparencia que buscaban conocer determinadas informaciones relacionadas con el coste de la seguridad del emérito.