El Gobierno justifica la exportación de material militar a distintos países cuestionados por las actuaciones de sus cuerpos de seguridad. En el listado figuran los Antidisturbios de Chile y Perú, acusados de violaciones a los derechos humanos por sus actuaciones represivas contra manifestantes. También hubo ventas de cartuchos lacrimógenos a Túnez.
Haykal Rachdi tenía 21 años. El pasado 18 de enero, agentes de la Policía de Túnez le lanzaron un bote de gas lacrimógeno a corta distancia. Haykal participaba en la ola de protestas sociales que durante las últimas semanas atravesó ese país. La muerte llegó siete días después a causa de las heridas. Otro joven, Aymen Mahmoudi, tuvo más suerte: hoy se recupera de las graves heridas provocadas en la cara por otro bote lacrimógeno.
Los nombres de Haykal y Aymen figuran en un reciente comunicado de Amnistía Internacional que denuncia, precisamente, la mala utilización de ese tipo de armamento por los cuerpos policiales. En el caso de Túnez, las miradas se dirigen también a España: según consta en una respuesta escrita del Gobierno enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, este país vendió cartuchos lacrimógenos a la Policía tunecina en 2019 por un importe de 85.176 euros
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