La capacidad de injerencia de las corporaciones privadas en la arena política está en el centro del debate internacional, y quedó particularmente expuesta al suspenderle las redes sociales al entonces presidente Donald Trump en medio de la toma del Capitolio. ¿Qué tensiones subyacen entre las empresas y el Estado?
El 6 de enero pasado, Twitter decidió suspender la cuenta del entonces presidente Donald Trump. La decisión se basó en el argumento de que sus mensajes habían constituido una incitación a los hechos de violencia que terminaron en la toma (fallida) del Capitolio en manos de grupos radicales de extrema derecha. La misma decisión tomó Facebook, argumentando de un modo similar. Y siguieron varias más, entre ellas Snapchat, Instagram y Spotify. Tump y sus seguidores buscaron refugiarse en Parler, un rival de nicho de Twitter popular entre los grupos de extrema derecha. Pero inmediatamente, Amazon decidió interrumpir su servicio de alojamiento de contenidos de la aplicación, argumentando la incitación a la violencia de los mismos. Acto seguido, Google y Apple prohibieron descargar la aplicación desde sus tiendas, citando el mismo argumento. Unos días después, un grupo importante de donantes individuales y corporaciones, como Amazon, Walmart, Cisco, Verizon o Home Depot, anunciaron que dejarían de financiar a los 147 republicanos que votaron en contra de la certificación del resultado electoral en al menos un Estado.
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