A pocos días de que se celebren las elecciones catalanas, siguen planeando muchas incertidumbres acerca de sus resultados y del escenario político que dibujarán.
La participación ciudadana constituye sin duda la primera gran incógnita. Todos los indicios apuntan a una mayor abstención: como resultado de la pandemia, por supuesto; pero debido también a una atmósfera mucho menos tensa que la que reinaba en diciembre de 2017, con la sociedad polarizada al extremo. Una menor participación puede distribuirse, sin embargo, de modo muy desigual y tener una gran repercusión en el resultado. Sobre todo si la desmovilización afecta en mayor medida a las áreas metropolitanas, que han visto difuminarse el peligro de un intento secesionista, y se combina con una alta participación en las provincias más proclives al voto independentista. (En Barcelona un escaño vale 50.000 votos, frente a los 20.000 que se requieren en Lleida). Por otra parte, todas las encuestas coinciden en señalar un altísimo porcentaje de indecisos. El fenómeno se viene repitiendo en los últimos comicios, reflejo de la volatilidad del momento. Las representaciones tradicionales, al igual que las entidades que organizaban a la sociedad civil, han perdido crédito y pie con sus bases. Los partidos se han ido reduciendo a esqueletos de cuadros institucionales. Para la izquierda, esa pérdida de musculatura y conexiones vivas con el mundo del trabajo, los barrios populares y los sectores sociales más desfavorecidos resulta especialmente crítica. En cualquier caso, muchos votos – y, con ellos, escaños determinantes para la configuración de mayorías parlamentarias – se decidirán el mismo 14-F, a pie de urna.
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