El movimiento ecologista multiplica sus esfuerzos en los tribunales para conseguir que los gobiernos cumplan con los objetivos del Acuerdo de París para frenar el calentamiento del planeta. La sentencia de un tribunal francés da esperanzas a la sociedad civil española que inició su propio litigio contra el Ejecutivo de coalición en 2020.
La lucha ecologista parece haber encontrado una herramienta eficaz para obligar a los gobiernos a actuar ante la crisis climática: los litigios climáticos. Los tratados internacionales se han convertido en aliados poderosos para el activismo verde que, en los últimos años, ha hecho uso de ellos para llevar a los estados ante los tribunales. El último caso sucedió la semana pasada, cuando un Tribunal Administrativo de Francia sentenció que el Ejecutivo galo era culpable de un «delito ecológico» por no cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 marcados por el Acuerdo de París. Una decisión con precedentes en los Países Bajos, donde la Justicia condenó a la Administración holandesa y obligó a reducir la contaminación vinculada a la quema de combustibles fósiles.
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