“Si un día tengo un problema, quiero que una persona me atienda”, expone Guadalupe Bermúdez de 73 años. Vecina de Bellavista, núcleo obrero de 9.500 habitantes de Les Franqueses del Vallès (Barcelona), vio desaparecer hace menos de un mes la última sucursal (y el último cajero automático) de la zona, en este caso del BBVA. En la misma línea se manifiesta Herminia Gato, de 91 años, vecina de Tiedra (Valladolid): «Antes teníamos una caja de ahorros en el pueblo, pero la han cerrado hace un año. Y así tenemos que estar pidiendo favores a los hijos o a la familia para poder ir a sacar nuestro dinero, o para que no los traigan».
Estas quejas de Guadalupe Bermúdez y de Herminia Gato son dos ejemplos de las que podemos oír y leer diariamente en muchos medios de comunicación locales que expresan el enfado y la denuncia de miles de personas mayores por el mal trato que están recibiendo de las entidades financieras. Son personas mayores afectadas por los cierres de oficinas bancarias y por las complejas trabas y restricciones de horarios, que provocan largas colas, para poder ser atendidas por su banco.
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