Trabajadores de la construcción. CLAUS TOM CHRISTENSEN
Es habitual encontrar justificaciones en torno al acceso a unos
ingresos garantizados como un derecho inalienable en consonancia con los
objetivos de justicia y libertad, aspecto sobre el cual ambas
propuestas parecen compatibles una con la otra. Las discrepancias entre
los defensores del empleo y el ingreso garantizados toman constantemente
la forma de juicios morales, en los cuales la reciprocidad es el núcleo
de sus disputas. Mientras desde un lado se patrocina un liberalismo
individualista estilizado, exigiéndose proveer a las personas de una
renta monetaria suficiente para adquirir todo lo necesario para una
existencia digna que le permita emanciparse de la obligación de trabajar
por un sustento vital, desde el otro se critica tal posición por violar
los principios de reciprocidad sin contribuir a la provisión social de
bienes y servicios de la que el conjunto de la comunidad se nutre.
En
mi opinión, el debate en estos términos no arroja luz sobre las
diferencias esenciales de una y otra propuesta. Independientemente de
las justificaciones morales, el enfrentamiento entre el Trabajo
Garantizado y la Renta Básica Universal emerge claramente cuando los
estudiamos en el contexto de sus dispares efectos sobre el empleo, la
composición del producto final y los precios.
El análisis
macroeconómico en la literatura referente a la Renta Básica Universal
está aparentemente limitado a considerar cómo se financiaría. Como la
Teoría Monetaria Moderna revela que la financiación gubernamental para
cualquiera de las propuestas no está limitada operativamente, para el
propósito de este artículo baste decir que el control soberano sobre su
propia moneda faculta al Estado a pagar su programa cualquiera que sea,
sin importar si es caro o la magnitud de los efectos multiplicadores.
Esto deja como propósito esencial de los impuestos el crear demanda para
la moneda del gobierno.
