¿Cuál era el sentido de esta guerra de Gaza?

Con el anuncio de un alto el fuego negociado por Egipto el domingo por la noche, los analistas israelíes se han apresurado a considerar como un éxito la “armoniosa” campaña del primer ministro interino Yair Lapid y del ministro de Defensa Benny Gantz. Después de arrestar violentamente a Bassam al-Saadi, un alto líder de la rama del movimiento de la Yihad Islámica en la Cisjordania ocupada, el ejército israelí encerró a las comunidades fronterizas alrededor de Gaza durante casi media semana en previsión de un presunto ataque de represalia. Finalmente comenzó a lanzar ataques aéreos en la Franja de Gaza, a los que militantes palestinos respondieron con andanadas de cohetes. Las escaladas han terminado con 44 personas palestinas muertas, incluidos 15 niños y niñas, y más de 350 heridas.

La demolición de Khan al-Ahmar es más que un simple crimen de guerra

Los residentes de Khan al-Ahmar han pasado las últimas semanas esperando que las excavadoras israelíes lleguen para demoler toda su aldea y desplazar por la fuerza a las 170 personas que viven allí, un movimiento que las organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos europeos dicen que constituiría un crimen de guerra.

Pero aunque la situación humanitaria y la legalidad de la demolición y el desplazamiento son motivo de gran preocupación, gran parte de la cobertura de los medios y el activismo en Khan al-Ahmar han pasado por alto la importancia estratégica de esta pequeña aldea.

¿Es el mundo académico el último bastión del pensamiento progresista en Israel?

No es ningún secreto que la ofensiva del Gobierno israelí contra la libertad de expresión en los últimos años se ha extendido a la Universidad. A través de grupos de estudiantes de extrema derecha, como Im Tirzu, propusieron códigos éticos que prohibirían que los profesores expresen opiniones políticas en clase, así como intentos de cerrar departamentos universitarios enteros que se consideran demasiado izquierdistas. En gran medida el Gobierno ha calificado la idea misma de libertad académica de subversiva.  

Sin embargo la Universidad israelí todavía se mantiene como un baluarte progresista e independiente frente al pensamiento extremista y reaccionario, un argumento a menudo desplegado para argumentar en contra de los boicots académicos liderados por los palestinos. Pero, por debajo de la retórica, la verdad es que las universidades de Israel colaboran estrechamente con diversos organismos estatales, desde las industrias militares y armamentistas hasta las redes y programas anti-BDS.  

Preocupado por la restricción, así como por la represión de los profesores y estudiantes palestinos en los territorios ocupados, un nuevo grupo de académicos israelíes denominado “Universidad para la igualdad” está trabajando para exponer esos vínculos y mantener la idea de que la Universidad sigue siendo uno de los últimos bastiones del pensamiento progresista.

El Gobierno de Israel vota a favor de apoyar el proyecto de ley que toma como blanco a las ONG de izquierda

El Gobierno israelí –al que países y activistas europeos describieron como un Gobierno que parece menos que democrático- votó el domingo apoyar una ley que tiene como blanco a las organizaciones de derechos humanos y de izquierda.

El proyecto de ley, en caso de que se convierta en ley, determinará que las ONG que reciben el 50 % o más de sus fondos de gobiernos extranjeros detallen esas fuentes de financiación en los informes o documentos públicos, en sus reuniones con los funcionarios del Estado, y la obligación de portar etiquetas especiales al asistir a las sesiones legislativas en el Parlamento israelí, la Knesset. El proyecto de ley está diseñado para identificar a las organizaciones civiles y sociales de derechos humanos, por la democracia y las de izquierda.

Instituir tarjetas de identificación obligatorias con las fuentes de financiación proyectaría un mensaje de que el trabajo por los derechos humanos es foráneo –como si fuera algo ajeno a la sociedad israelí– y fuera de su interés o agenda.

El parlamentario Ayman Odeh, el líder del partido de la tercera fuerza más grande de Israel en la Knesset, describió la ley como otro esfuerzo por parte del Gobierno de Netanyahu para "[llevar] a la izquierda fuera del espacio democrático en Israel".

La "Ley de Transparencia", la última operación patrocinada por la ministra de Justicia y miembro del partido HaBait aieudí -la casa judía (N.de T.)-, la parlamentaria Ayelet Shaked, no es la primera de su tipo. El Gobierno de Netanyahu estuvo tratando de pasar, desde 2011, varias versiones de una legislación similar con el fin de tomar medidas enérgicas contra las ONG de izquierda. Netanyahu finalmente y por varias razones dio por fracasados los intentos anteriores, aunque a mano para sacarlos en cualquier momento.

A pesar del hecho de que Netanyahu ha bloqueado en el pasado las versiones anteriores de esta ley, sin embargo una fuente anónima en el Gobierno israelí dijo recientemente a Haaretz que el primer ministro no se interpondría en el camino en esta oportunidad. La versión actual es más diluida que los intentos anteriores que tienen como blanco a las ONG de izquierda.

La votación del domingo se produce una semana después de que el grupo profascista Im Tirzu lanzó una campaña de odio dirigida contra los activistas israelíes por los derechos humanos y sus respectivas organizaciones sugiriendo que porque reciben financiación extranjera "plantan" agentes foráneos que trabajan para avanzar en agendas extranjeras en detrimento de la seguridad israelí.

La sombría historia detrás de las exportaciones militares de Israel

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Los mayores paladines de Israel se enorgullecen de apoyar a un país floreciente basado en el supuesto ingenuo de que respeta la democracia y los derechos humanos. Pero, ¿saben los que llaman a Israel la "la nación del milagro económico" y la "única democracia de Oriente Medio" cuán enredado está el Estado judío en la venta de armas a los violadores en serie de los derechos humanos?

La sombría relación de Israel con regímenes tiránicos de la que el mundo se enteró el domingo por la mañana cuando el ministerio de Relaciones Exteriores anunció la objeción a una nueva enmienda a una ley que restringiría las ventas de armas israelíes a los países involucrados en violaciones de los derechos humanos.

La ley de la supervisión de las exportaciones del ministerio de Defensa, aprobada en 2007, obliga al ministerio a consultar al ministerio de Relaciones Exteriores antes de vender armas a un país extranjero. De acuerdo con la enmienda -patrocinada por las diputadas de Meretz, Zehava Galon y Tamar Zandberg- el ministerio de Relaciones Exteriores tendría un poder casi total de veto sobre la venta de armas, siendo el gabinete de seguridad la única autoridad para anular la objeción del ministerio.

Según la autoridad legal del ministerio, el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad extranjeras son "importantes y merecen una atención continua del ministerio de Asuntos Exteriores y de todos los organismos que participan en la supervisión", pero no es lo bastante importante para legislar esta ley.

¿Entonces por qué la oposición del ministerio de Relaciones Exteriores? El objetivo de la ley original era permitir que el ministerio actúe como freno para los traficantes de armas que probablemente prefieren hacer la vista gorda a las implicaciones de los acuerdos que hacen. En momentos en que el nombre de Israel no es exactamente sinónimo de los grandes defensores de los derechos humanos, uno esperaría que su Gobierno haga mínimamente eso -aunque sea por el bien de la apariencia exterior– es decir, hacer un esfuerzo concienzudo de garantizar que las armas israelíes no terminen en las manos equivocadas.

No es solamente a la posición actual de Israel en el mundo a la que debería afectar esa decisión. El Estado suministró -y sigue haciéndolo- armas a algunos de los peores violadores de los derechos humanos imaginables. En una reciente entrevista de Ayelett Shani del periódico Haaretz, Liliy Traubman, de origen chileno, describió sus esfuerzos para exigir la divulgación de las relaciones de los organismos de seguridad de Israel y su cancillería con el brutal régimen de Augusto Pinochet, responsable del secuestro, el asesinato y la tortura de decenas de miles de ciudadanos, incluyendo la de su padre.

En la democracia de Israel la disidencia ha estado siempre fuera del alcance de los ciudadanos árabes

Los ciudadanos palestinos de Israel nunca han tenido una vida fácil para organizarse políticamente. La decisión del Gobierno de prohibir la rama norte del Movimiento Islámico es sólo el último -y tal vez más importante- ejemplo de los obstáculos que los ciudadanos árabes deben afrontar en su lucha por la igualdad.

El Estado ha presionado por la prohibición durante años, acusando a la organización de mantener vínculos con grupos como Hamás y la Hermandad Musulmana. La reciente violencia alrededor de Al-Aqsa, sin embargo, dio al Gobierno de Israel la luz verde que necesitaba, dando a entender después que el movimiento citado jugó un papel al incitar a los palestinos en la actual ronda de violencia.

En vista de ello, la decisión de prohibir la rama norte del Movimiento Islámico, así como otras 17 organizaciones benéficas sin fines de lucro afiliadas en ciudades como Nazaret y Jaffa, parece una caída sin precedentes en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos árabes. Pero una mirada más cercana revela que el Estado está en guerra con las organizaciones políticas árabes mucho antes de la introducción de la llamada "legislación antidemocrática", incluso antes de que millones de palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza fueran colocados bajo el dominio militar en 1967.

A raíz de la guerra de 1948 decenas de miles de ciudadanos árabes del naciente Estado judío fueron colocados bajo el régimen de un gobierno militar. Hasta 1966, cuando el Gobierno finalmente levantó el régimen militar (sólo nueve meses antes del comienzo de la ocupación), la Galilea, el Neguev y el Triángulo estaban sujetos a un régimen estricto de permisos, de toques de queda rigurosos y coaccionados para colaborar con el Shin Bet. Con la población árabe bajo la bota de los gobernadores militares y los servicios de seguridad del Estado, el Gobierno pudo expropiar velozmente tierras de propiedad árabe, un proceso que continuó incluso después del fin del régimen militar.

El nombre del juego era control: el establecimiento de Israel considera a los árabes que permanecieron en el Estado -los que no huyeron ni fueron expulsados ​​durante la guerra- una "quinta columna" que en cualquier momento podría rebelarse contra sus nuevos amos. Por lo tanto las restricciones a la vida de los palestinos dentro de Israel afectaron no sólo la libertad de circulación y al comercio, sino también la libertad de organización política y del pensamiento.