Las pretensiones de ocupación por parte de Estados Unidos sobre América latina y el Caribe para asegurarse el control de los países, sus recursos y sus poblaciones han seguido cauces legales e ilegales. Las dinámicas de intervención directas e indirectas han sido denunciadas por organizaciones, gobiernos e incluso reconocidas por sus propios aparatos de control. La implementación de dichas estrategias se puede encontrar de forma combinada en los recientes intentos de desestabilización y de golpe de estado en los países latinoamericanos.
Entre 1789 y 2009 se reconocen 95 intervenciones directas por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en América latina y el Caribe. Ya sea con fines de expansión territorial, mediante la declaración de Guerra (México-1846), la ocupación neocolonial (Guerra con España/Cuba, Puerto Rico y Filipinas-1898), el envío de fuerzas militares para “defender a los ciudadanos de EE.UU. y para promover sus intereses” (invasiones Granada, Panamá), la asesoría ilegal y la formación de paramilitares y grupos de choque (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua).
El académico mexicano Pablo González Casanova informa de 750 intervenciones militares, diplomáticas, políticas y económicas en ese lapso. El investigador argentino Gregorio Selser documentó 3.000 en las cuales incluye imposiciones diplomáticas, acusaciones y amenazas públicas por parte de funcionarios, presencia intimidatoria, intromisiones abusivas de embajadores, las incursiones armadas “no autorizadas”, operaciones encubiertas, apoyo a golpes de Estado, civiles o militares, actos de espionaje y desestabilización contra gobiernos no gratos y bloqueos económicos.
También mediante la asistencia militar (ejercicios militares conjuntos, bases militares) y “asistencia a la sociedad civil” (NED), ayuda para el desarrollo (Usaid), asistencia médica (Medretes) o prevención de desastres (EmergencyOperations Center-EOC y DisasterReliefWarehouse-DRW). El Comando Sur de EE.UU. reconoce que más de 100 proyectos de EOC y DRW se han completado o están en marcha en 25 países de América del Sur, América Central y el Caribe.
Dichas estrategias, en un primer momento, fueron implementadas para la mayoría de los países latinoamericanos pasando por la enmienda Platt, la Doctrina Monroe, el Gran Garrote (bigstickpolicy), la Política de Buena Vecindad, el TIAR, la OEA, la doctrina de Seguridad Nacional, la Alianza para el Progreso y con ello la creación de la CIA o la DEA, entre otras.
Sin embargo, en los últimos años se han implementado programas intervencionistas de acuerdo a los desafíos específicos del país o la región a controlar. Esto en sí mismo marca un cambio en la política intervencionista de Estados Unidos.
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