La clase dominante del campo, los latifundistas, los grandes propietarios
de la tierra y las empresas transnacionales del agronegocio, fueron los
actores principales en el avance golpista para interrumpir el proceso
democrático y la distribución de las ganancias que, aun a pasos lentos,
marchaba en Brasil.
Se articularon para acelerar la
implantación de propuestas concretas que representan a los intereses
capitalistas en la propiedad de los bienes de la naturaleza, de la
tierra y en la producción agrícola del país. Y, para eso, construyeron,
con ayuda de sus legisladores y algunos intelectuales orgánicos
ruralistas, una agenda de propuestas bien clara.
Esta
agenda de intereses se tornó conocida por tres vías: la publicación del
Instituto Pensar Agropecuario (IPA), compuesto por 39 entidades del
agronegocio brasileño; por el Frente Parlamentario Agropecuario, también
conocida como Bancada Ruralista, que fue publicada antes del golpe
parlamentario consumado en la vergonzosa votación del 17 de abril en la
Cámara de Diputados; y en la elección del nuevo ministro de Agricultura,
senador Blairo Maggi, que pasó a explicar de forma didáctica en
pronunciamientos y entrevistas lo que los ruralistas pretenden.
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