Una vez hecha pública la práctica fraudulenta de la Volkswagen
-programa informático que burlaba las exigencias de los organismos de
control medio ambiental-, han llovido denuncias que tienden a confirmar
que otras empresas automotrices aplican prácticas similares para ocupar
espacios dentro del mercado automotor mediante el engaño a clientes y
autoridades. Abarcan desde la obsolescencia programada de piezas hasta
el volumen de combustible por kilómetro recorrido, incluyendo, por
supuesto, los indicadores de los efectos contaminantes.
El fraude hecho por la Volkswagen abarca diversos sujetos e instituciones. Cuando menos tendríamos que incluir en el listado a:
En
primer lugar, a los clientes que compraron un vehículo supuestamente
dotado de dispositivos especiales que lo hacían altamente eficiente y
con mínimos efectos contaminantes. En segundo lugar, a los organismos de
control ambiental que evaluaron y dieron la certificación de los bajos
índices de contaminación que arrojaban al aire estos vehículos. También a
diversos países cuyos gobiernos otorgaron estímulos financieros o de
exoneración fiscal a la empresa por comercializar vehículos de baja
contaminación. En cuarto lugar, a los inversores que compraron acciones
con la convicción de que las ganancias y el crecimiento de la empresa
obedecían a los avances tecnológicos incorporados trasparentemente a los
vehículos comercializados, con apego a las leyes y a las normativas del
sector automovilístico. Finalmente, los habitantes de las ciudades que
reciben las emisiones contaminantes y tienen un aire menos saludable
para sus pulmones.
Los afectados comienzan a movilizarse en
términos de denuncias, protestas, exigencias de indemnización, acciones
judiciales y proposiciones de ejecutorias de control sobre la industria y
sus productos. Pero esta lucha no es fácil y su victoria no está
garantizada de antemano.
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