¿Cuánto gasta la industria farmacéutica en hacer presión a los poderes públicos?

 Que la industria farmacéutica ostenta un poder inmenso de influencia en los gobiernos es de sobra conocido. Temas tan espinosos (por decirlo de una manera suave) como su lucha contra la venta de genéricos para el SIDA o sus recurrentes denuncias contra el gobierno indio por su decisión de prohibir la comercialización de algunos medicamentos [1] son de sobra conocidos, lo que es curioso, porque es uno de los sectores más subvencionados por los gobiernos tanto en becas de formación como en subvenciones directas para investigación. Dinero público que revierte únicamente en manos privadas.

 

Allen Frances, el director durante años del DSM que define los trastornos y patologías mentales, en una entrevista a El País admitía: ’fuimos muy conservadores y solo introdujimos dos de los 94 nuevos trastornos mentales que se habían sugerido. Al acabar, nos felicitamos, convencidos de que habíamos hecho un buen trabajo. Pero el DSM IV resultó ser un dique demasiado endeble para frenar el empuje agresivo y diabólicamente astuto de las empresas farmacéuticas para introducir nuevas entidades patológicas. No supimos anticiparnos al poder de las farmacéuticas para hacer creer a médicos, padres y pacientes que el trastorno psiquiátrico es algo muy común y de fácil solución’ [2].

¿Pero cuánto gasta la industria farmacéutica en hacer presión a los poderes públicos? El Observatorio de las Corporaciones en Europa ha estudiado las cifras y apunta a que la industria farmacéutica ha declarado unas cifras de en torno a 40 millones de euros, incluyendo empresas, asociaciones farmacéuticas y las empresas de lobby que contratan para tal fin. Esta cifra es en torno a 15 veces más que lo que pueden gastar en lobby las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de consumidores que trabajan por la salud pública o para promover el acceso a los medicamentos. Sin embargo, estas son las cifras declaradas, el gasto real puede ser mucho más. El incremento, respecto de 2012, suponen 6 millones de euros, a pesar de que las ocho asociaciones comerciales de lobby más importantes declaran un incremento siete veces mayor.