El 15 de octubre el Parlamento federal alemán adoptó la nueva ley
sobre asilo (Asylbewerberleistungsgesetz) con una nueva denominación
(Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz), que en realidad significa que la
gente refugiada que no obtenga el estatus que le otorgue el derecho a
permanecer en territorio alemán, puede ser repatriada rápidamente. Y si
se oponen a la repatriación, perderán el derecho a determinados
subsidios: conservan el derecho a ser alojados, a la calefacción, a una
alimentación básica y a la higiene corporal y asistencia médica, pero
pierden el derecho a los subsidios para la ropa y otras necesidades
cotidianas. Tendrán mucho menos dinero y, a cambio, se les otorgan bonos
intercambiables por víveres [medida criticada por las ONG que
consideran que recorta derechos fundamentales]. Tampoco tendrán derecho
al mínimo vital, fijado por ley en Alemania, ni a los subsidios que les
garantizan el acceso a la formación para sus hijos e hijas.
De
hecho, estas medidas están en contradicción con los derechos humanos
garantizados por la constitución alemana, el Grundgesetz. Pero el 16 de
octubre el Bundesrat (cámara en la que están representados los Land del
Estado federal alemán) adoptó esta nueva ley por una amplia mayoría, con
la respetable excepción del Land de Turingia gobernado por Die Linke en
coalición con el partido socialdemócrata (SPD).
Esta decisión
está en contradicción flagrante con la decisión del Tribunal
Constitucional alemán del 18 de julio de 2012 que, formalmente, prohíbe
situar a la gente refugiada por debajo del mínimo vital. Pero la presión
de la agitación y de las movilizaciones xenófobas sobre la política
oficial da resultados que, poco a poco, conducen al gobierno federal
liderado por la canciller Angel Merkel a destruir lo que queda del
derecho de asilo y de las promesas de "bienvenida".
La idea de
"zonas de tránsito" que impidan a la gente refugiada poner los pies
sobre territorio alemán y permitan discriminarlos rápidamente para poder
repatriar a quienes no tengan muchas oportunidades de adquirir un
estatus que les permita permanecer en Alemania por un determinado
tiempo, fue lanzada por Horst Seehofer (presidente del CSU, partido
hermano del CDU en Baviera). Esta idea suscitó numerosas protestas, pero
la canciller Angel Merkel, bajo la presión de muchos dirigentes
cristiano-demócratas, terminó más o menos por aceptarla. Ahora bien, el
SPD [socio de la coalición gubernamental] se oponía a la misma y el
compromiso alcanzado considera a los centros de acogida como territorio
alemán, si bien cumplen más o menos, los mismos criterios que las "zonas
de tránsito" exigidas por Seehofer.
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