Desde que el 17 de diciembre de 2014 se inició formalmente el proceso
de normalización de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, comenzaron también las elucubraciones sobre la fecha y las
circunstancias en las que se producirían los cambios en torno a la
política migratoria entre ambos países. La Ley de Ajuste Cubano, por ser
la de más alcance y anclaje normativo, ha tenido el mayor seguimiento;
al tiempo que la política de “pies secos /pies mojados” y el programa
“Cuban Professional Medical Parole” también ocuparon lugar en el mapa de
los cambios por venir.
El anticipo —fundamentado— de las
transformaciones en, al menos, una parte de las regulaciones migratorias
se verificó en los índices de llegadas de nacionales cubanos a las
fronteras de Estados Unidos, una parte considerable en situación
irregular. Entre el 2014 y el 2016 se duplicó la cifra de migrantes con
ese destino y los últimos dos meses de 2016 recibieron a casi 10 mil
cubanos en aquel país. El hecho, sin embargo, no es una completa
novedad.
La noticia —cuyo anuncio se esperaba que coincidiera con
la inmediatez de su aplicación, tal como fue— sucedió el pasado 12 de
enero y comienza a generar abundantes opiniones y análisis
sociopolíticos desde diferentes plazas públicas. Es posible que en los
próximos días se produzcan miradas más analíticas de lo que es un cambio
de considerable importancia para la normalización de relaciones entre
los gobiernos y para las vidas de las personas que habían elegido la
migración hacia Estados Unidos como camino individual y colectivo debido
a razones de naturaleza económica, familiar o política.
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