La crisis por la que atraviesa el sector eléctrico en la Franja de Gaza, cada vez más deteriorado, revela el fracaso miserable de los
responsables de administrar dicho sector; el Centro Palestino para los
Derechos Humanos (CPDH) exhorta al gobierno de unidad nacional a asumir
la plena responsabilidad de la administración del sector eléctrico.
La crisis eléctrica se agrava cada día, con el sufrimiento que eso
conlleva para los civiles, como consecuencia de la enorme escasez
energética; sin esperanza alguna de mejora en unos servicios que son
fundamentales para la vida de la población de Gaza. Además, las dos
partes palestinas inmersas en el enfrentamiento político intercambiaron
acusaciones en los medios de comunicación y se responsabilizaron
mutuamente del deterioro del suministro energético en Gaza, haciendo
caso omiso del sufrimiento de los dos millones de palestinos que viven
en la Franja de Gaza y sin tener en cuenta que han muerto 130 personas
por haber buscado una fuente alternativa, deficiente, a la electricidad.
Según el seguimiento efectuado por el Centro Palestino para
los Derechos Humanos, la población de la Franja de Gaza recibe tan sólo
cuatro horas diarias de electricidad, aunque los vecinos de muchas de
las barriadas y zonas se quejan de disponer tan sólo de esas cuatro
horas cada dos días. El 7 de enero de 2017, la Corporación para la
Distribución de la Electricidad en Gaza (CDEG) declaró que la escasez de
energía se había agravado porque el segundo generador de la central
eléctrica se había estropeado. Según el comunicado de prensa de CDEG, la
escasez alcanzaba los 438 megavatios (73%); la Franja de Gaza necesita
600, por lo que sólo disponen de 147 megavatios (el 27%). La CDEG
subrayó que su papel se limita a recibir y distribuir los megavatios
disponibles. Además, no hay calendario para el proceso de distribución,
señalando que la responsabilidad de proporcionar los megavatios es
incumbencia del gobierno.
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