Que Israel es un Estado delincuente está desde hace mucho tiempo
fuera de toda duda en círculos preclaros. A la luz de la reciente
revelación de que un funcionario israelí, que trabaja para la embajada
del país en Londres, estaba conspirando sobre las formas de "sacar de
la circulación" a varios políticos británicos por su oposición a los
asentamientos israelíes y el apoyo a un Estado palestino, ese concepto
del país se está haciendo cada vez más evidente dentro del entendimiento
público. O por lo menos se debe entender que este último escándalo es
sólo la última evidencia de dicha condición nefasta por parte de un
Estado que ha operado siempre con escaso respeto por el derecho
internacional en el país y en el extranjero.
En realidad más
que un Estado que funciona de conformidad con el derecho internacional y
las normas diplomáticas, Israel pone en evidencia cada vez más el
carácter de un Estado delincuente que gobierna con sus propias reglas y
normas según el tiempo avanza. Ya sea por la continua ocupación militar
ilegal de Cisjordania, la expansión de los asentamientos ilegales sólo
para judíos en tierras palestinas o el sitio de Gaza, que está bajo la
rúbrica de castigo colectivo -y es por lo tanto ilegal- estamos hablando
de un país que cree que puede actuar con impunidad.
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