La democracia, el Tribunal Supremo y las demoliciones punitivas de casas

 El crecimiento de casos de apuñalamientos y ataques con vehículos hechos por jóvenes palestinos en los últimos meses meses ha traído consigo una serie de demoliciones punitivas de casas de los miembros de las familias de los atacantes. Tantos los líderes políticos como los jueces del Tribunal Supremo de Israel han tenido algo que decir sobre la práctica. Los jueces han expresado algunas dudas al respecto y en algunos casos incluso emitieron medidas cautelares que retrasan las demoliciones. En respuesta los políticos han culpado a los jueces de defender a los terroristas.

La costumbre de "culpar a los políticos" y "el reclamo a los jueces" por las demoliciones de casas son merecedores de sátiras al estilo de un pasquín inglés.

Los políticos y los ministros de nuestro Gobierno gritan: debemos unirnos contra nuestros jueces que retrasan la demolición de casas de terroristas, están en connivencia con el enemigo. No es una cuestión de derechos humanos, dicen, los padres de estos adolescentes deben ser castigados por los delitos de sus hijos o hijas aquí y ahora. Forzar al Estado a esperar hasta que se puedan presentar pruebas al Tribunal demuestra que los jueces están completamente alejados de la realidad. Parece que los políticos desean que los jueces se comporten como la reina de corazones y ordenen "que les corten la cabeza", en lugar de "sólo mediante el debido proceso vamos a quitar el techo de encima de sus cabezas".

Prueba 1: Si esta no es una cuestión de derechos humanos, como afirman los políticos israelíes, ¿entonces qué es? ¿Es la demolición de una casa, no una sanción penal? ¿Como tal no se requiere un juicio justo de los acusados ​​y condena de todos los que van a ser castigados, incluyendo a cada progenitor y a todos los hermanos? ¿Son los padres árabes más responsables de la mala conducta asesina de su descendencia que los padres judíos? ¿Nadie ha considerado castigar a la madre de Yigal Amir o a los padres de Baruch Goldstein como un acto de disuasión ante el creciente fenómeno del terrorismo judío? ¿Ignoran nuestros políticos que su propio ministerio de Defensa concluyó que la eficacia de la demolición de viviendas como herramienta de la lucha contra el terrorismo es cuestionable y por lo tanto no debe emplearse?