La toma con 170 personas como rehenes por parte del grupo de
yihadista Al-Mourabioun, de Al Qaeda, en un hotel en el centro de
Bamako, la capital de Malí -antigua colonia francesa, en la región del
Sahel, en África occidental- y con un saldo trágico de 27 muertos, ha
puesto sobre el tapete las expansiones de células islamistas radicales
en África.
Indudablemente es una consecuencia de la intervención
militar de Francia en Malí hace dos años, noticia que ocupó las primeras
planas de diarios, portales de internet, noticieros de radio y de
televisión en el mundo. Se miró en aquel momento al presidente francés,
Francois Hollande, como el nuevo adalid de la lucha contra el terrorismo
por su cruzada contra de los avances de las células de Al Qaeda en el
Magrebí y el Sahel con la Operación Serval de reconquistar del norte de
Malí.
El mensaje que envió Francia a la Comunidad Internacional
con aquella operación militar que buscó restablecer el orden y la paz en
Malí y demostrar que los franceses son un país que combate el
terrorismo, igual que lo hace ahora después de los atentados en el
Bataclan y otros sitios de la su capital, París. De manera que lo
polémico de su a puesta “humanitaria” de hace dos años fueron sus
intereses económicos y estratégicos que tiene en los territorios
controlados por los separatistas Tuareg y los grupos yihadistas
radicales.
Las pregunta que surgió de la parafernalia de la
guerra francesa en Malí es ¿Cuáles fueron las razones de fondo que tenía
para lanzar unilateralmente, en una intervención militar, en un país
sin salida al mar, con la mayor parte de su territorio desértico, más de
60 % de su población sobreviviendo con menos dos dólares diarios y con
una de las tasas de mortalidad y analfabetismos más altas del mundo?
¿Porque
rechazó las voces que perdieron que se abriera un diálogo, se convocara
a elecciones presidenciales y se negociará con los Tuareg? Es evidente
que Francia no adelantó esta ofensiva militar por simples fines
altruistas de restablecer la democracia y la paz en Malí, ni por
proteger a los ciudadanos franceses en Malí, ni tampoco fue para
proteger los intereses de la UE, sino para defender sus intereses
estratégicos en el Sahel, especialmente los relacionados con el uranio.
Para
Francia la situación de Malí era un problema de seguridad nacional, en
virtud de que su industria nuclear depende en buena parte del uranio que
explota en el Sahel. Y más aún cuando es uno de los países del mundo
con mayor dependencia de la energía nuclear debido a que más del 75 % de
su producción de energía dependen de sus 58 plantas nucleares.
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