El Congreso de Colombia, la Presidencia de la república y el Ministerio de Defensa han expedido una Ley de supuesta seguridad ciudadana que en realidad es un estatuto para establecer una serie de disposiciones e instituciones que remodelan el régimen político para establecer a plenitud una dictadura neonazi que permita aplastar los movimientos sociales y las organizaciones políticas opositoras al Estado oligárquico colombiano e impedir el acceso al poder del Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.
La Ley incluye reformas al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y a la Regulación de armas, entre otros. Se trata de un compendio de normas que legalizan prácticas criminales oficiales, neo paramilitares y de particulares. Es un licenciamiento para matar; una aberrante salida fascista del gobierno uribista.
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