Ante la ambigüedad de reacciones internacionales de condena frente a una gestión violenta de las protestas, el gobierno de Dina Boluarte agarró el poder derramando sangre desde el primer día. Una cifra superior a 60 muertos, centenares de heridos con secuelas y miles de peruanos de provincia terruqueados (criminalizados como terroristas) es un imparcial balance de las vulneraciones a derechos humanos acontecidos en Perú desde el pasado mes de diciembre. En vísperas de la fiesta nacional del 28 de julio, la figura de Dina Boluarte estaba en juego y tanto gobierno como población mostró sus cartas.
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