En pleno desarrollo del proceso constituyente, y de la postergación de las elecciones por la pandemia, el clima social y político de Chile está enrarecido. La violencia desatada por el gobierno de Piñera para reprimir el estallido social de 2019 continúa, en tanto que los hechos ocurridos por entonces permanecen en la impunidad y cientos de manifestantes siguen detenidos sin condena. No es extraño que todas las instituciones del Estado hayan sido cuestionadas durante este año y medio de crisis y se haya hecho necesario abrir un proceso de cambio constitucional.
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