El Gobierno del PP, a primeros del año 2012, a comienzos de la legislatura y tras sus primeras medidas de restricción presupuestaria aprueba e impone, con su mayoría parlamentaria y sin diálogo social con los agentes sociales, una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva.
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