El asentamiento de Palos de la Frontera, en Huelva, estaba devastado. Un incendio había arrasado buena parte de las chabolas, como sucede de tanto en tanto, y muchos hombres pasaban la tarde levantando de nuevo sus frágiles viviendas, construidas a base de palés, de cajas de cartón y de plásticos. Las empresas de los frutos rojos cobran cada palé a 1,5 euros; una chabola puede suponer un gasto de entre 300 y 500 euros. La mayor parte de los hombres y mujeres que habitan el asentamiento proceden de Senegal y Marruecos y comparten su condición de migrantes indocumentados. Eso les deja en una situación de absoluta precariedad: no tienen luz, ni agua ni gas, y su extrema vulnerabilidad los hace objetivo de todo tipo de abusos, como que les cobren 500 euros por empadronarse, o varios miles de euros por un contrato laboral con el que aspirar, algún día, a formalizar su residencia. Mientras lo logran, las duras condiciones del trabajo en el campo suelen ser su única opción.
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