Desde que empezó la guerra de Ucrania el 24 de febrero de 2021 la respuesta de la OTAN, articulada e implementada materialmente sobre todo por Estados Unidos, ha sido arrojar enormes cantidades de aceite a las llamas del conflicto hostigando a Rusia y a su líder, aumentando la escala de la violencia y la magnitud del sufrimiento humano, e incrementando peligrosamente el peligro de unas consecuencias desastrosas. Washington no solo movilizó al mundo para denunciar la “agresión” rusa, sino que suministró a los ucranianos un flujo continuo de grandes cantidades de armamento moderno para resistir al ataque ruso e incluso contraatacar. Estados Unidos hizo cuanto pudo en la ONU y en otras partes para reunir una coalición de castigo contra Rusia, pero lo acompañó de una serie de sanciones y de la criminalización de Putin como un eminente criminal de guerra incapacitado para gobernar y que merece ser incriminado y procesado.
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