“El Tratado (sobre la Carta de la Energía) modernizado seguirá obstaculizando la ambición de las políticas climáticas, protegiendo inversiones fósiles y cuestionando el derecho a regular de la UE y sus Estados miembros”. Así se refería la ministra [española] de Transición Energética, Teresa Ribera, al texto modernizado del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) tras casi cuatro años de negociaciones. Falta ver si el próximo 22 de noviembre, fecha en la cual los países tienen que decidir si firman o no las enmiendas propuestas, España finalmente vota en contra de dicho Tratado1. Lo que está claro es que, de seguir en él, muchos de los cambios profundos necesarios en el modelo energético –tanto para regular los precios de la energía, como para hacer frente a las consecuencias palpables del cambio climático–, que obligan a dejar atrás el modelo fósil, privado y centralizado que nos ha conducido a esta situación, podrían no ver la luz.
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