Una multitud de paraguas naranjas y máscaras blancas se agolpaban bajo el sol el pasado 22 de junio a las puertas de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Pancartas que rezaban “Ni víctimas ni esclavas. Nosotras lo decidimos. Tenemos derecho a trabajar” y “Nací libre. Ahora me quitáis ese derecho” dejaban evidencias de que dentro del feminismo existen distintas voces sobre un mismo asunto. Trabajadoras sexuales –como se hacen llamar–, mujeres en situación de prostitución –como las nombran desde los ámbitos abolicionistas–, o putas –como usan algunos coloquialmente–, se manifestaban en contra de la propuesta de ley firmada por el PSOE en el Congreso. Advertían que las medidas que introducirá –entre ellas, el castigo a la clientela y a las personas que se lucran destinando espacios para el ejercicio de la prostitución–, empeorarán sus condiciones de vida y de trabajo, forzándolas a ejercer en ambientes más inseguros y marginales. Los gritos de “¡Sois peores que Franco!”, impactaban contra los muros de la sede de Pedro Sánchez.
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