Los acreedores partieron de reconocer que el monto del endeudamiento era desproporcionado frente a la capacidad de pago esperada de Alemania y que una solución realista y sostenible no debía desestabilizar la economía alemana (considerando su situación financiera interna y su capacidad de generar divisas para servir la deuda), sino incluso fortalecerla. Adicionalmente, el acuerdo contemplaba elementos de derecho civil internacional, instancias de resolución de posibles conflictos y cláusulas de contingencia para eventuales casos, como por ejemplo una posible reunificación alemana.” (Paola Suárez Buitrón) [2]
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