La continuidad democrática en Brasil fué rota con el golpe del 2016, que
sacó del gobierno, de forma espuria, sin ningún argumento jurídico, a
una presidenta recien reeligida por el voto popular, bajo la mirada
complaciente y complice del poder judicial. En ese momento empezaba a
imponerse un regimen de excepción en Brasil, bajo el argumento de que
pasaba a combatir el mal más grande del pais, la corrupción,
protagonizada por personajes tan poderosos, que sería necesario utilizar
métodos de excepción, para tener éxito en ese combate. Es lo que ha
hecho la operación Lava Jato, cometiendo todo tipo de arbitrariedades,
ya naturalizadas como forma sistemática de persecución politica en
contra de la izquierda, por la judicialización de la política, por el
“lawfare”, por las acciones arbitrarias de la policía y del ministerio
público, por la condena y prisión sin pruebas ni fundamento jurídico.
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