El año 2004 supuso un momento histórico para el feminismo español.
Por fin, después de casi una década demandando una Ley Integral para
combatir la violencia machista en el entorno de la pareja o expareja, el
Parlamento español aprobó por unanimidad la norma. Esos años
significaron, en palabras de Ana de Miguel (2007), “la consolidación de
un nuevo marco interpretativo en torno a la violencia de género”. Sin
embargo, la mayoría de las mujeres no sabían que el esfuerzo del
movimiento político feminista por sacar adelante una ley tan
transcendental iba a implicar que otras víctimas de violencia de género,
las supervivientes de violencia sexual, quedaran despojadas de la
posibilidad de que la justicia y la reparación llegara también a sus
vidas. Ni la agenda político feminista, ni mucho menos el deliberado
silencio del Estado español, incluiría entre sus acciones la lucha
contra las violencias sexuales.
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