Si Brasil se juega su futuro político en las elecciones presidenciales del 2 de octubre, su modelo económico de agronegocios en la Amazonia se discute todos los días. La depredación forestal de este vergel del planeta no tiene ese único costado para analizar: el daño medioambiental. En todo caso, ésa es la consecuencia de la política que propicia el gobierno de Jair Bolsonaro. Su proyecto estrella es el llamado Ferrogrão o tren del grano que recorrerá la foresta en un tramo de 933 kilómetros y conectará el norte del estado de Mato Grosso con el puerto de Miritituba en el vecino Pará. Se trata de sacar el poroto de soja de esa región – el país es el principal productor mundial – hacia el Atlántico y a un costo menor que el generado por los camiones. Pero ésa, más otras obras de infraestructura requieren de capitales y el rol activo del Estado que por ahora controla el militar y los altos oficiales que lo colonizaron en masa. Lo que no se conoce demasiado – al menos fuera del mundo de las finanzas – es quiénes costean el camino hacia El Dorado transgénico donde las que más ganan son las grandes corporaciones estadounidenses Cargill y Bunge, más la brasileña Amaggi.
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