La reacción en cadena que siguió a la quiebra de Lehman Brothers puso fin al mito de la autorregulación de los mercados financieros. Incapaz de sostenerse a sí mismo, el sector financiero tuvo que abandonar su pretensión de ser la instancia totalizadora de la vida económica, el lugar donde las preferencias y los recursos presentes y futuros se ajustarían armoniosamente. Sin embargo, el sector financiero ha seguido ocupando hasta el día de hoy la cima de la jerarquía de nuestra organización social. En los estertores de la gran recesión, en medio de las turbulencias de la crisis de la Eurozona o durante la pandemia de la covid-19, los poderes públicos no han dejado de dar prioridad a la estabilidad financiera. Sólo un ejemplo: en 2020 y 2021, para evitar que los efectos de los confinamientos sobre la actividad económica provocasen otro colapso, el Banco Central Europeo (BCE) prácticamente duplicó su balance de situación, proporcionando liquidez y recomprando títulos por un importe total de 4 billones de euros, es decir, alrededor de un tercio del PIB de la Eurozona, cifra equivalente a 12.000 euros por habitante de la misma.
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