Con la anunciada reforma de la normativa de Extranjería, el Gobierno tiene una oportunidad para frenar el odio y construir ciudadanía
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado recientemente su intención de reformar el reglamento de la Ley de Extranjería. Una norma cuyo texto fundamental es del año 2000 y que fue desarrollada mediante un reglamento que, pese a diversas modificaciones puntuales, responde a una realidad de hace más de 15 años.
Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han puesto de manifiesto, más que nunca, la fragilidad de nuestro sistema. Un sistema que no garantiza los derechos más básicos de las personas que viven en las situaciones más duras, de mayor riesgo y vulnerabilidad: muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular o que, incluso, han vuelto a verse condenadas a la irregularidad pese a haber conseguido durante unos años acceder a la documentación y el empleo formal. Esta situación es el ejemplo máximo de la desconexión entre legislación y realidad social.
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