Con 62 años, María se quedó sin trabajo. La muerte de
la persona a la que había cuidado durante los últimos 12 años, la dejó
en la calle en pocos días, sin derecho a cobrar subsidio de desempleo y
sin indemnización. Tras negociar con sus empleadores consiguió que le
pagaran 1.000 euros en concepto de finiquito. No fue un trámite
judicial, que hubiera llevado tiempo y mucho esfuerzo para conseguir tal
vez un puñado más de euros. A pesar de tener la nacionalidad española y
trabajar durante años en nuestro país, tampoco cotizó lo suficiente
como para tener una pensión de jubilación. Hace unos días volvió a su
Ecuador natal con una mano delante y otra detrás. María no es su nombre
real, pero su historia es muy similar a la de miles de mujeres que en
nuestro país se emplean como trabajadoras del hogar.
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