El detonador del reciente estallido social en Guatemala fue el enérgico rechazo popular al mayor presupuesto de su historia, más de 12 mil millones de dólares aprobados de forma opaca, ilegal y aumentando el endeudamiento externo. No obstante su aumento de más de 2 mil millones respecto al del año 2019, reducía la ya miserable inversión social en educación, salud, amparo a lactantes y, en general en combatir la pobreza.
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