El golpe legislativo perpetrado el miércoles en Perú representa la apuesta de las élites para cortar de tajo cualquier intento de emprender la urgente renovación institucional que el pueblo peruano exige y merece y poner otro escollo a la posibilidad de rearmar el proceso de integración regional.
Lo que se produjo en Perú fue un golpe de Estado parlamentario con apoyo militar que destituyó al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, detenido por su propio jefe de custodia y trasladado a un cuartel en Lima, para que asumiera la vicepresidenta Dina Boluarte, quien no fue electa para ese ni otro cargo, traicionando así el mandato popular para sumarse el golpismo.
Pedro Castillo fue elegido por el voto popular con la promesa de convocar a un proceso constituyente que pusiera fin al caos político y permitiera devolver una gobernabilidad mínima a una nación que hoy por hoy se encuentra sumida en una especie de dictadura parlamentaria.
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