Grecia «no quiere ejercer chantaje sobre nadie, pero tampoco va a aceptar ningún chantaje», afirmó ayer el Gobierno griego tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de cortar uno de los canales de financiación de los bancos griegos en el momento en que Atenas intenta renegociar el pago de la deuda con sus socios europeos.
El portavoz del Ejecutivo heleno, Gavriil Sakelaridis, consideró la decisión del BCE «una presión política» para forzar a Grecia a aceptar las demandas de sus acreedores sobre el pago de la deuda.
«Aseguramos que los depósitos en los bancos griegos están completamente garantizados», afirmó el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en un discurso combativo en el Parlamento. Para el Ministerio de Finanzas, esta decisión «pone presión en el Eurogrupo para proceder rápidamente al cierre de un nuevo acuerdo mutuamente beneficioso para Grecia y sus socios».
La víspera, mientras Tsipras y su ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, trataban de convencer a los gobiernos europeos, el BCE ya adelantó la respuesta que podían esperar, al decidir que no aceptará, a partir del 11 de febrero, los bonos helenos porque, ante la nueva orientación de las autoridades griegas, no está claro si Grecia va a acogerse a un nuevo programa de rescate europeo.
La decisión supone que los bancos griegos no podrán conseguir como hasta ahora dinero del BCE, a un tipo del 0,05 %, y lo deberán hacer a través del mecanismo urgente de provisión de liquidez (ELA), a un interés que ronda el 1,55 %.
El BCE señaló ayer que podría prestar a los bancos griegos hasta 60.000 millones de euros mediante este programa para que el Estado heleno mantenga sus mínimos vitales.
Como reacción, la bolsa, que abrió con un fuerte descalabro, fue recuperándose ligeramente durante la jornada, e incluso los bonos griegos a diez años mejoraron respecto a la jornada anterior.
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