Banco Mundial desampara a quienes se oponen a sus proyectos

Un informe de Human Rights Watch (HRW) concluyó que el Banco Mundial ignora sistemáticamente las denuncias de abusos contra los derechos humanos vinculados a los proyectos que financia la institución financiera multilateral con sede en Washington.

En el papel, al menos, tanto el Banco Mundial como su sucursal de préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), se comprometieron a consultar y proteger a las poblaciones afectadas por los proyectos que financian.

Pero una investigación realizada entre mayo de 2013 y mayo de 2015 en Camboya, India, Kirguistán y Uganda, recogida en el informe de HRW titulado A su propio riesgo, concluyó que los funcionarios del Banco ignoran sistemáticamente las denuncias de represalias severas contra quienes se manifiestan contra los proyectos financiados por la institución.

En algunos casos, el Grupo del Banco Mundial incluso omitió dar asistencia a integrantes del personal local que trabajan con sus funcionarios.

La autora del informe, Jessica Evans, destacó en conferencia de prensa el lunes 22 un incidente en el que un intérprete del Panel de Inspección del Banco Mundial, el órgano de control de la institución financiera internacional (IFI), fue enviado a la cárcel pocas semanas después de que el Panel concluyera su proceso de revisión.

Sin mencionar la identidad de la víctima para proteger su seguridad, Evans señaló que, aparte de interrogar a funcionarios gubernamentales “a puerta cerrada”, el Banco mantiene un completo silencio sobre la suerte del activista independiente que trabajaba para fortalecer el propio proceso de la institución.

Este tipo de acciones, o su omisión, “se burlan del compromiso declarado (del Banco) con la participación y la rendición de cuentas”, determina el informe.

HRW identificó decenas de casos en que activistas afirman haber sufrido acoso, maltrato, amenazas o intimidación por expresar sus objeciones ante iniciativas financiadas por el Banco o la CFI por motivos sociales, ambientales o económicos.

Debido a que las poblaciones próximas a los grandes proyectos de desarrollo tienden a ser muy pobres o vulnerables, y por lo tanto no tienen la posibilidad de presentar formalmente sus denuncias, el número real de personas que sufrieron este tipo de represalias con “seguridad” es mucho mayor que lo señalado en el informe, según los investigadores.