Las arremetidas que sigue sufriendo el proceso de paz, a manos de los
seguidores del expresidente Uribe en el Congreso de la República, se
ensañan contra lo acordado sobre verdad y justicia para las víctimas.
La inmensa mayoría que ha defendido el proceso de solución política con
las FARC, respalda la Justicia Especial para la Paz (JEP), creación
conjunta entre el Estado y esta guerrilla, como una jurisdicción válida dentro del orden legal establecido. La que cuenta con testigos nacionales, dignatarios de numerosos países y de organismos de la comunidad internacional.
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