Cuando la entonces mayoría parlamentaria del Partido Popular aprobó la Ley Orgánica 1/2014, mediante la cual se modificaba la Ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial, se consagraba, legalmente, la limitación a la jurisdicción universal.
Lo cual supuso un duro golpe al principio de justicia universal, dado que se imposibilitaba el que los tribunales españoles pudieran investigar y enjuiciar delitos penados por el derecho internacional tan graves como el genocidio, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas o la tortura, quedando sobreseídos, de forma automática, todas las causas de esta índole que estuvieran abiertas en la Audiencia Nacional. De este modo, el entonces Gobierno presidido por Mariano Rajoy, consagraba la impunidad de los crímenes contra la humanidad, todo un cínico ejercicio de utilitarismo frente a los valores de la ética y la justicia, impidiendo de este modo investigar y enjuiciar a genocidas y criminales de guerra tan repugnantes como Franco, Pinochet, George Bush o Jiang Zemin.
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